Adolfo Zaldívar Larraín Presidente del Senado
No cabe la menor duda que en materias educacionales estamos frente a políticas públicas que están por incentivar el desarrollo de un modelo tecnocrático y neoliberal en educación, que ha facilitado que en el país se agranden las brechas entre los ricos, pobres y los marginados sociales, entregando al sacro-mercado todo el poder para que se produzcan groseras variaciones que permiten el aumento de dichas brechas. Obviamente, la intervención del Estado, como uno de los órganos reguladores de la economía nacional, no es ni siquiera bien pensada en el ámbito de la educación, lo cual es un reflejo fiel de cómo el tratamiento de los temas educacionales no es preocupación preferente de los Partidos de la Concertación y seguramente mucho menos por parte de la Alianza, cuyos hijos/as disfrutan de una buena educación privada pagada.
No cabe la menor duda que en materias educacionales estamos frente a políticas públicas que están por incentivar el desarrollo de un modelo tecnocrático y neoliberal en educación, que ha facilitado que en el país se agranden las brechas entre los ricos, pobres y los marginados sociales, entregando al sacro-mercado todo el poder para que se produzcan groseras variaciones que permiten el aumento de dichas brechas. Obviamente, la intervención del Estado, como uno de los órganos reguladores de la economía nacional, no es ni siquiera bien pensada en el ámbito de la educación, lo cual es un reflejo fiel de cómo el tratamiento de los temas educacionales no es preocupación preferente de los Partidos de la Concertación y seguramente mucho menos por parte de la Alianza, cuyos hijos/as disfrutan de una buena educación privada pagada.
De ahí que no extraña que se haya “decretado” el alza de los aranceles universitarios y la ministra de Educación no haya tenido sino la posibilidad de un breve susurro sobre la materia, justificando que esto se produce por el alza de los sueldos, fruto de las negociaciones entre trabajadores y el Gobierno. Es decir, la lucha de los trabajadores y trabajadoras, especialmente los afiliados a la ANEF y otros gremios y sindicatos que se plegaron a la demanda social de un alza del 10% de los sueldos, recae ahora sobre sus propias familias, muchas de las cuales tienen o tendrían potencialmente hijos/as en las nuevas vacantes universitarias.
Sin duda que existen serias contradicciones en el manejo de la política educacional de este Gobierno. Por una parte, el diario La Nación, medio de expresión del Gobierno, destaca el 23 de este mes, en su página 2, que “resultados de PSU cuestionan municipalización”. Y agrega que existe coincidencia en el diagnóstico: la educación municipalizada sólo está reproduciendo la desigualdad social existente en Chile y hay que hacer algo urgente. Los parlamentarios de oposición y Gobierno pidieron revisar el sistema. Por otra, frente al alza de los aranceles universitarios se guarda un discreto silencio ministerial.
El alza de aranceles puede y casi es posible hipotetizar con relativa certeza, que en marzo comenzarán nuevamente los movimientos estudiantiles pidiendo cambios en las orientaciones y políticas educacionales, especialmente las dirigidas a los aspectos de financiamiento del sistema educacional. La idea de “no al lucro en educación” definitivamente olvidada por la DC y los partidos de la Concertación, puede ser una línea de trabajo de los estudiantes en la hipótesis de un reclamo social sobre el alza de aranceles y las políticas educativas.
El país espera que los ministerios de Educación y de Hacienda consideren esta situación de potencial explosión social y asuman la responsabilidad que les corresponde en evitar un clima de conflicto que en el país nadie desea, pero que implica una toma de responsabilidad por parte del Estado en materias educacionales que nunca debería haber dejado de lado.
Fuente: Diario La Tribuna
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