Los recursos en Educación

El tema del financiamiento de la educación con recursos públicos ha sido un problema permanente -y bien lo saben las instituciones de educación superior que mantienen altísimas deudas, que crean nuevas carreras o bajan los puntajes de ingreso para mejorar sus matrículas- que tiene a la mayoría, sino a toda la educación municipalizada en permanente déficit financiero y constituye su mayor preocupación equilibrar sus presupuestos, dado que siempre los recursos resultan insuficientes en especial porque la subvención que reciben de parte del Estado depende del número de alumnos y de la asistencia a clases que registren cada día.
Dado este sistema de financiamiento, reconocido transversalmente como insuficiente, además de perverso por cuanto castiga a los sostenedores que ofrecen el servicio educativo por culpa de los beneficiarios - los alumnos - que no asisten a recibirlo, la tarea de las instituciones escolares para sostener el sistema es, entonces, la de aumentar su matrícula y lograr que los alumnos tengan la mejor asistencia posible, la que, por otra parte, es un factor que influye en el rendimiento escolar. Ahora bien, si a este panorama se agrega la presión por los resultados académicos obtenidos -Simce o Psu- que orientan a las familias a matricular a sus hijos en establecimientos educacionales con mejores rendimientos, la situación provoca la tentación de intervenir la información o modificar los procedimientos para mantener o, mejor aún, aumentar la clientela. Así ocurre, por ejemplo, cuando se duda que los resultados del Simce sean realmente representativos, habiendo un número importante de alumnos que no asisten a rendirlo y que coinciden con aquellos con más bajo rendimiento escolar. En el caso de los alumnos que deben rendir la PSU y para mostrar resultados auspiciosos que sean un buen atractivo para captar nuevos estudiantes, existen establecimientos que modifican los programas de estudio "sacrificando" algunas asignaturas, especialmente aquellas que no consideradas en dicha medición, para dedicar mayor tiempo a la preparación de las que sí son medidas, desvirtuando el verdadero sentido de la educación cuya influencia debe ir mucho más allá de la simple adquisición de una parcialidad del conocimiento o de determinadas habilidades intelectuales, despojadas de los valores que sustentan la estabilidad y el bienestar social.

El que los recursos económicos provenientes del Estado que reciben los sistemas educativos dependan de la asistencia de los alumnos a clase lleva consigo que la estadística que se registra oficialmente no siempre sea coincidente con la efectiva presencia de los alumnos en la sala, hecho que no sólo distorsiona la realidad, sino que afecta la visión y la credibilidad en el sistema educativo y su influencia en la adecuada formación de las nuevas generaciones. Adecuar el financiamiento, a las necesidades reales de la educación, otorgando una subvención escolar por matrícula y no por asistencia, con los debidos controles que eviten las distorsiones sobre su forma de obtenerlos y uso que sea les da, con drásticas sanciones que desincentiven su vulneración, puede constituirse en un elemento importante para que los sistemas educativos, menos preocupados del financiamiento, puedan centrar su atención hacia lo que ocurre en las salas de clases a través del fortalecimiento de las Unidades Técnico-Pedagógicas, que deben ser el control de calidad del proceso enseñanza y aprendizaje, llevando a los Consejos Técnicos y Administrativos la información, el análisis y la búsqueda de respuestas posibles a la problemática de la vida escolar, cuyas soluciones pasan, directa o indirectamente, por un tema de recursos humanos y materiales y de la gestión de los mismos, de modo que las intervenciones -externas o internas- para mejorar los rendimientos sean más permanentes que transitorias. Si el desfinanciamiento continúa siendo uno de los factores que impide la obtención de mejores resultados académicos y un elemento que conduzca a la realización de prácticas que alejen a la educación de los objetivos que le son propios, los cien años que pronostica el Ministro de Educación, necesarios para mejorar algunas áreas del conocimiento o del sistema educacional en su conjunto, puede llegar a ser una profecía autocumplida.

Por Alejandro Mege