Patricio Pinilla Valencia Presidente Anef Provincia de Bío Bío
Los funcionarios públicos nos hemos movilizado en demanda de mejoras salariales, que buscan obtener un 14.5% de reajuste en nuestras remuneraciones. Esta cifra no es antojadiza ni fruto del azar, sino que se basa en fundamentos reales, concretos y justos. Lejos de poner en riesgo el presupuesto fiscal actuará como un elemento reactivador de la economía.
Un incremento nominal del 14.5 % equivale en los hechos a un 5,3% real, si se considera que la inflación en los últimos meses a septiembre de este año es del 9.2 % según el Banco Central. Es decir, significa recuperar el deterioro de los salarios en el curso de los últimos doce meses y aumentarlos más o menos en la inflación esperada para los próximos doce meses. En otras palabras, al cabo de un año, los trabajadores estarán igual que hace doce meses atrás, y en dos años no habrán ganado ni perdido, es decir, habrán obtenido un reajuste real igual a cero.
Contradiciendo la retórica neoliberal, podemos señalar que una de las medidas reactivadoras de la economía más eficaces y justas, es precisamente el reajuste de remuneraciones a los empleados públicos. Tal ha sido el caso curiosamente de Estados Unidos, en el que la administración Bush envió a mitad de año un cheque de algunos miles de dólares, a cada estadounidense para reactivar la economía, a un costo total de $150.000 millones de dólares. Incluso, frente al temor de que reajuste salarial podría aumentar la inflación, podemos señalar que, por el contrario, en la coyuntura actual los estados deberían tener políticas fiscales reactivadoras, es decir, aumentar el gasto para evitar que la inmensa crisis financiera resulte en una terrible recesión mundial. Por lo demás, el impacto del reajuste solicitado en las finanzas públicas es inferior al 1%, ya que para cada uno de los 450.000 funcionarios público chilenos el reajuste representará un incremento efectivo promedio de $26.500.- mensuales, cosa que no parece un despropósito.
La petición es proporcionada y justa, y las movilizaciones necesarias y representativas de un sentir que va más allá de la voluntad de los dirigentes. Es el rumor de la calle que estoy seguro el Gobierno tendrá que escuchar. Por cierto, no corresponde tampoco que quienes han intentado por todos los medios desmantelar el Estado (como quedó claro cuando fueron Gobierno durante la Dictadura), proponiendo privatizaciones, movilidad en el recurso humano y mayor flexibilidad y externalización en la gestión se “suban por el chorro”. Los funcionarios públicos no olvidamos que alguna vez nos tildaron de “gatos de campo”, “flojos“ y “corruptos”. Ya llegará el tiempo de volver a esta discusión de fondo, sobre el Estado que queremos para Chile, en cuyo desarrollo sabremos quién realmente está por un servicio público moderno, financiado, fuerte, profesional, con carrera funcionaria y negociación colectiva.
Los funcionarios públicos nos hemos movilizado en demanda de mejoras salariales, que buscan obtener un 14.5% de reajuste en nuestras remuneraciones. Esta cifra no es antojadiza ni fruto del azar, sino que se basa en fundamentos reales, concretos y justos. Lejos de poner en riesgo el presupuesto fiscal actuará como un elemento reactivador de la economía.
Un incremento nominal del 14.5 % equivale en los hechos a un 5,3% real, si se considera que la inflación en los últimos meses a septiembre de este año es del 9.2 % según el Banco Central. Es decir, significa recuperar el deterioro de los salarios en el curso de los últimos doce meses y aumentarlos más o menos en la inflación esperada para los próximos doce meses. En otras palabras, al cabo de un año, los trabajadores estarán igual que hace doce meses atrás, y en dos años no habrán ganado ni perdido, es decir, habrán obtenido un reajuste real igual a cero.
Contradiciendo la retórica neoliberal, podemos señalar que una de las medidas reactivadoras de la economía más eficaces y justas, es precisamente el reajuste de remuneraciones a los empleados públicos. Tal ha sido el caso curiosamente de Estados Unidos, en el que la administración Bush envió a mitad de año un cheque de algunos miles de dólares, a cada estadounidense para reactivar la economía, a un costo total de $150.000 millones de dólares. Incluso, frente al temor de que reajuste salarial podría aumentar la inflación, podemos señalar que, por el contrario, en la coyuntura actual los estados deberían tener políticas fiscales reactivadoras, es decir, aumentar el gasto para evitar que la inmensa crisis financiera resulte en una terrible recesión mundial. Por lo demás, el impacto del reajuste solicitado en las finanzas públicas es inferior al 1%, ya que para cada uno de los 450.000 funcionarios público chilenos el reajuste representará un incremento efectivo promedio de $26.500.- mensuales, cosa que no parece un despropósito.
La petición es proporcionada y justa, y las movilizaciones necesarias y representativas de un sentir que va más allá de la voluntad de los dirigentes. Es el rumor de la calle que estoy seguro el Gobierno tendrá que escuchar. Por cierto, no corresponde tampoco que quienes han intentado por todos los medios desmantelar el Estado (como quedó claro cuando fueron Gobierno durante la Dictadura), proponiendo privatizaciones, movilidad en el recurso humano y mayor flexibilidad y externalización en la gestión se “suban por el chorro”. Los funcionarios públicos no olvidamos que alguna vez nos tildaron de “gatos de campo”, “flojos“ y “corruptos”. Ya llegará el tiempo de volver a esta discusión de fondo, sobre el Estado que queremos para Chile, en cuyo desarrollo sabremos quién realmente está por un servicio público moderno, financiado, fuerte, profesional, con carrera funcionaria y negociación colectiva.
Fuente: Diario La Tribuna
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